Apuntes para una Sociedad Inclusiva: el Derecho a un Hábitat Digno*

Arq. Marcos Di Giuseppe**

En este temporal artículo no pretendo analizar todos los desafíos que debemos/ deben afrontar los grupos políticos, las organizaciones sociales, los espacios de pensamiento, reflexión y formulación de la izquierda democrática y progresista argentina si quieren/queremos realmente transformar y/o modificar el curso actual de la configuración socio-espacial en las ciudades.

Hoy el derecho a la ciudad debe manifestarse como una forma superior, como categoría integradora de todos los derechos: civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, etc.

El derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente al derecho de propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad. (Lefebvre, 1969) Se entiende así como un derecho colectivo de los habitantes y se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado.

El derecho a la ciudad es actualmente o debe transformarse en el concepto operativo para evaluar el grado de democracia y es el que sintetiza, orienta y marca la perspectiva de actuación de los movimientos sociales democratizadores.

Introducción.

Los utopistas del siglo XIX pensaban y argumentaban que la ciudad ideal debía ser planificada desde cero, (en argentina podemos nombrar dos casos de esta situación: la ciudad de Federación y la ciudad de La Plata, planificadas y concebidas por situaciones diferentes), pero en realidad nuestras ciudades son el reflejo físico de la construcción histórica de las sociedades, como palimpsestos que vamos re-escribiendo sobre el mismo territorio, conforme a la evolución y dimensión política del término y más allá de los crecientes niveles de urbanización como consecuencia del incremento natural de la población urbana y de la migración de la población rural a las ciudades.

Argentina (con baja densidad de población, 14 hab/km²) es en la actualidad uno de los países con mayor porcentaje de población urbana del mundo, aunque muy desequilibrado en cuanto a la distribución territorial, ya que si bien cuenta con más de 90 ciudades de más de 32.000 habitantes, tres provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y la Ciudad de Buenos Aires concentran al menos el 60% de la población, en una superficie que no alcanza el 22% del total del país disponiendo de extensas áreas rurales, apenas habitadas y en continuo despoblamiento.

En la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense) viven unas 12 millones de personas, equivalentes al 33% de la población total. Esto convierte a Buenos Aires en la vigésima megalópolis de las 23 existentes en el mundo, y el tercer aglomerado urbano de América Latina, considerablemente detrás de Ciudad de México y Sao Paulo.

La Ciudad, por lo tanto, es el hecho político, cultural, económico, productivo, geográfico y fundamental de las sociedades, donde la estructura urbana en tanto espacio socialmente producido, es un factor clave en la (re)producción, ampliación o reducción de desigualdades.

Territorialización, expresión y síntesis de relaciones de fuerzas sociales, políticas y económicas.

Para explicar la situación de nuestras ciudades, podemos decir que son el resultado del despliegue de tres lógicas: la lógica del capital, es decir de la ganancia, del lucro; la lógica de la política pública, básicamente centrada en acciones estatales; y la otra es lo que podemos llamar la lógica de la reproducción de la vida, la lógica de la necesidad de todos aquellos grupos sociales que no entran ni por la política del Estado, ni por la política del mercado

Las ciudades son el producto de estas tres cosas al mismo tiempo que se traducen en múltiples manifestaciones físicas, ambientales, económicas, culturales, sociales y políticas como expresión y reproducción de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada, es decir mal cohesionada.

Es así que las ciudades y las nuevas regiones metropolitanas son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizada por la segregación social y la especialización funcional, con doble estándar y calidad de servicios públicos (recolección de residuos, transporte público, iluminación y accesibilidad, agua potable, servicio cloacal, etc.), y todos podríamos reconocer-nos en ellas, o nos viene a la imagen algún sector de la ciudad donde vivimos.

La segregación residencial se potencia mutuamente con la segmentación laboral y la educativa, alimentando un proceso de creciente aislamiento social de los pobres urbanos.

Sabemos que la autoconstrucción o construcción espontánea posibilita a estas familias la utilización de sus recursos y capacidades de manera progresiva, siendo la condición en que ha construido y construye la mayoría de la población que se encuentra fuera del mercado formal de alquiler y/o compra. Datos realizados por instituciones (ONG, UUNN) que se dedican a la investigación, fortalecimiento y apoyo de los sectores arriba descriptos estiman que el 67% de toda la producción habitacional en América Latina puede catalogarse como Producción Social del Hábitat.

Dos terceras partes de toda la vivienda se hace sin el Estado ni el Mercado.

Esta combinación de procesos de concentración urbana, de incremento estructural de la pobreza, de la desocupación, de políticas que implican eliminación de derechos sociales, de privatización de servicios públicos básicos y la desinversión estructural en los sectores de menores recursos, tiene su expresión más concluyente en la fragmentación y polarización social que se materializa en la auto segregación, de las clases medias altas a barrios privados; y en la segregación obligada, de los excluidos del modelo en asentamientos irregulares, en ocupaciones informales en tierras fiscales, ocupaciones en edificios abandonados, en villas de emergencia, etc. en la mayoría de las ciudades de nuestro país como expresión de la desigualdad.

El concepto de Hábitat Digno como meta política de integración social.

El concepto de Hábitat Digno incluye a las condiciones habitacionales, pero incluye también condiciones para el ámbito barrial, su relación con la ciudad y los diversos factores que hacen a la integración de estos hogares a la sociedad: la tenencia segura de la vivienda, el acceso al trabajo decente y los recursos económicos necesarios para la reproducción adecuada de la vida, las protecciones sociales para acceder a la salud, la educación, la participación en la vida social y política, la identidad social positiva y las posibilidades de disfrutar del ocio y la cultura, etc.

El hábitat se piensa, desde esta perspectiva, como producto social, cultural y humano que implica la participación activa, solidaria, informada y organizada de los habitantes en su gestión y desarrollo separándola totalmente de la conceptualización que lo reduce a mero objeto de mercancía.

Acceso a la vivienda: el déficit cualitativo y cuantitativo.

La definición de “vivienda digna”, de conformidad con la Observación General N° 4, punto 8, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, contempla: la seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, localización accesible, y adecuación cultural.

La vivienda debe integrarse al hábitat ya que éste se define por la relación de identidad y pertenencia territorial de las personas con el espacio que habitan. Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda, debieran considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional.

La vivienda es un derecho básico recogido en los textos constitucionales (CN art 14 bis/ art 75 inc 22 tratados internacionales, CP art 25) y en las cartas de derechos humanos pero solamente es un principio orientador de las políticas públicas, es decir se trata de un “derecho programático”, no garantizado plenamente por el Estado. Hoy se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales para amplios sectores de la población y al mismo tiempo una de las principales fuentes de beneficios especulativos, tanto del capitalismo financiero como de un extenso y variopinto mundo de propietarios de suelo, promotores y constructores.

El déficit habitacional en la Argentina afecta a más de tres millones de familias: un tercio de éstas no tiene acceso a una vivienda y los dos tercios restantes no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad. (Censo 2010, un total de 12 millones de hogares)

¿De qué hablamos cuando hablamos de Déficit Habitacional?

No hay una sola manera de calcular el déficit habitacional. Las formas de medirlo se focalizan en el déficit cuantitativo, que refiere a los hogares que hace falta construir (las viviendas irreparables; y los hogares que cohabitan), y el déficit cualitativo, que incluye a los hogares que deben ser reparados.

En 2001, había un 3% de hogares que compartía una vivienda. Ese número alcanzó el 10% en el último Censo de 2010. Considerando el aumento de los hogares desde entonces hasta hoy, de acuerdo con el crecimiento que hubo entre los dos Censos, para 2013 casi 1,3 millones de hogares comparten su vivienda. A ese cálculo se le suman las viviendas con la calidad material en una situación irrecuperable, que eran 515 mil en el Censo de 2010, y siguiendo esa misma proyección son 550 mil en 2013. El resultado es un total de 1.850.000 hogares que necesitan una vivienda, cuando en 2001 eran 900 mil.

En lo que hace a los aspectos cualitativos, se incrementaron los hogares en viviendas recuperables de 1.646.965 en 2001 a 2.691.497 millones. El resultado general de los hogares con problemas de vivienda, que incluye ambos tipos de déficit, suma más de 3,5 millones.

El suelo como herramienta de especulación y desigualdad.

El modelo basado en la especulación financiera; el despilfarro capitalista y el lucro personal de un sector minoritario ha convertido al suelo urbano en una mercancía escasa y de oferta rígida, convirtiendo al “acceso a la tierra” en el primer obstáculo para la vivienda propia.

Esta especulación afecta por igual al Estado y a los privados, ya que las familias que quieren adquirir un terreno para autoconstruir su casa (como hicieron históricamente los sectores populares) no pueden hacerlo, pues los terrenos más cercanos a las ciudades son retenidos a la espera de un mayor valor.

Adicionalmente, la acción del Estado, a través de la extensión de las redes de infraestructura, a la vez que mejora las condiciones de vida de los sectores más postergados transfiere recursos hacia los propietarios de las tierras especulativas que la ausencia de instrumentos de recuperación de la valorización inmobiliaria (plusvalía urbana) impide rescatar.

Cerrando el círculo vicioso de esta acción política el Estado compra tierras en localizaciones más alejadas, invirtiendo en nuevos servicios e infraestructura para un plan de viviendas en lugar de utilizar los existentes, reproduciendo nuevamente los factores de desigualdad.

En cualquiera de nuestras ciudades existe una enorme cantidad de suelo vacante, suelo esperando que el precio crezca mientras los sectores pobres ocupan los peores lugares y la segregación rompe los lazos de cohesión de nuestras sociedades.

Ciudad, sociedad inclusiva y políticas progresistas: principios y lineamientos.

La idea central de este capítulo es que, si la izquierda democrática pretende ser consecuente con sus objetivos, principios programáticos y políticos históricos de estar al lado de los son a la vez víctimas necesarias y resistentes potenciales de un sistema basado en la especulación financiera, el despilfarro capitalista global y el lucro personal de una minoría mundial, debe establecer líneas de trabajo en clave de reparación social, política y económica.

La línea de trabajo propuesta es considerar el derecho humano correspondiente a nuestra época como el “derecho a la ciudad” o mejor dicho el “derecho a vivir plenamente en la ciudad” como síntesis de inclusión, ya que integra a otros derechos: a la vivienda, al espacio público, al acceso a la centralidad, a la movilidad, a la visibilidad en el tejido urbano, a la identidad del lugar, al trabajo, a la educación, a la salud, etc.

Su solución implica al Estado y a la sociedad en su conjunto. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones, instrumentos, apoyos y facilidades que permitan a todas las personas, con su participación y sin discriminación alguna, disponer de un hábitat adecuado.

Una política urbanística progresista, que es la que plantea a sus conciudadanos dos objetivos básicos: En primer lugar, planear la ciudad pensando en las personas que la habitan, de tal forma que el resultado sea una ciudad más humana y agradable, un nuevo espacio urbano en el que todos podamos vivir y disfrutar la ciudad. En segundo lugar, debe servir para dar respuesta a las necesidades de acceso a la tierra y a la vivienda de todos los ciudadanos.

El camino (es) posible.

Debemos hacer del urbanismo una cuestión “política”. La dinámica actual tiende a atomizar la ciudad, a segregar grupos sociales y actividades, a reducir los intercambios entre ciudadanos, substituidos por relaciones entre servicios y usuarios, equipamientos y clientes.

Es importante señalar que los mecanismos y herramientas del mercado no pueden garantizar el uso sostenible y equitativo del suelo ni la reproducción de la ciudad en los mismos términos. Por lo tanto es necesario crear un nuevo orden urbanístico y jurídico respecto al derecho a la ciudad y a la propiedad inmueble. El problema de nuestras ciudades no es la falta de planeamiento sino el actual orden elitista y excluyente de las políticas y del urbanismo.

Nuestro proyecto de sociedad, debiera emerger de la memoria histórica democrática; de la crítica teórica y práctica de la sociedad existente; y de las aspiraciones y objetivos que emergen de los conflictos sociales en los que se expresan valores de libertad y de igualdad.

Alguna vez en una entrevista Mitterrand, Presidente Francés (1981-1995), respondió ante la pregunta que era para el socialismo: “es la justicia, es la ciudad”. La ciudad, asociada a la justicia, desde el planteo progresista tiene un componente reparador, tiene por vocación maximizar la libertad individual en un marco de vida colectiva que minimice las desigualdades.

La ciudad es el lugar de la historia, de la innovación cultural y política, es el entorno en el que se puede recrear y desarrollar la izquierda. Hoy hay tendencias disolutorias de la ciudad y de la ciudadanía. Es el doble desafío al que se enfrenta la izquierda: reinventar la ciudad y reinventarse a sí misma en la ciudad.

*Resumen de la exposición realizada en el marco las Primeras Jornadas sobre Políticas Públicas organizadas por el Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Cambio, CEPPaC.

**Director de la Cátedra Libre de la UNLP “Gumersindo Sayago: las ideas de los reformistas de 1918 en la actualidad.”